La información fue confirmada por el secretario de la Policía Civil, Allan Turnowski.
El secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Allan Turnowski, confirmó este viernes que aumentó a 27 el número de víctimas fatales tras la operación policial más letal realizada en una favela de Río de Janeiro.
«Ya no son 24 muertos, son 27 muertos», informó Turnowski en entrevista con el programa Brasil Urgente. El funcionario detalló que del total de víctimas, 26 civiles tenían antecedentes criminales y la otra persona fallecida era un agente policial.
El secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro afirmó que la operación fue resultado de una investigación que duró diez meses, en donde identificaron los sitios en donde viven los líderes criminales, así como los lugares en donde resguardan las drogas y las armas.
El pasado jueves 6 de mayo, se realizó una operación policial contra presuntos narcotraficantes en Jacarezinho, una favela en la zona norte de la ciudad en donde residen unas 38.000 personas y que está controlada por el ‘Comando Vermelho’, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes del país.
En un principio, se informó sobre el fallecimiento de 24 civiles y un agente policial. No obstante, el saldo de víctimas fatales ascendió a 27, después de que se contabilizó dos «nuevas víctimas» que fallecieron en distintos hospitales en donde fueron trasladadas para recibir atención médica.
Pese a que se habló que el número tan alto de víctimas fue resultado únicamente de un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías, el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), señaló este viernes que los hechos ocurridos «parecen graves» y que «hay indicios de actos que, en teoría, podrían constituir una ejecución arbitraria«.
Según un estudio publicado por Geni, un grupo de investigación de la Universidad Federal Fluminense, entre junio de 2020 y febrero de 2021, la Policía mató a 685 personas en este estado. El 85 % de las muertes ocurrieron en la zona metropolitana de Río de Janeiro.
En este contexto, desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigieron una investigación «independiente» e «imparcial».