La muerte de Daniel Manrique S. tras el enfrentamiento minero en Potosí plantea interrogantes sobre el uso de justicia por mano propia
Potosí: Juqueo termina en linchamiento y muerte
Un violento enfrentamiento en el Cerro Rico de Potosí ha puesto nuevamente de manifiesto la crisis de seguridad y la fragilidad del Estado de derecho en los yacimientos mineros. Este incidente, registrado el pasado domingo 19 de abril cerca de las 13:00 horas en la Cooperativa Kory Mayu, culminó con el fallecimiento de Daniel Manrique S., de 29 años.
Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de trabajadores cooperativistas sorprendió a 20 personas, entre ellas una mujer y cinco menores, realizando el denominado “juqueo” o extracción ilegal de mineral. Según el reporte oficial del Coronel Mirko Bustos, Comandante Departamental de la Policía, los cooperativistas procedieron a capturar a los sospechosos en defensa de sus recursos e inversión.
No obstante, testimonios de los trabajadores Eloy C. S. y Eulogio B. M. indican que los presuntos delincuentes opusieron resistencia utilizando agentes químicos y armas de fuego, las cuales intentaron ocultar en las grietas de la mina antes de ser interceptados. Lo que inició como una retención derivó en una escalada de violencia física.
Efectivos de los grupos Delta y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) acudieron al lugar tras una alerta de emergencia. Encontraron una escena alarmante: registros visuales mostraron a los aprehendidos maniatados, con la cabeza cubierta con bolsas de yute y signos de castigos físicos severos, práctica cuestionada por organismos de derechos humanos al rozar la tortura.
Tras el rescate, personal de Bomberos realizó una evaluación médica en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y evacuó a cinco heridos a centros hospitalarios. Sin embargo, Daniel Manrique S. perdió la vida al momento de su arribo al Hospital Daniel Bracamonte debido a la gravedad de los golpes.
A las 19:20 horas del mismo día, el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Gisela Ramírez, realizó la autopsia certificando como causa del deceso un shock hipovolémico hemorrágico derivado de laceración de órganos vitales y un traumatismo toracoabdominal cerrado.
Ante la gravedad del suceso, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Jackelin Alarcón, emitió un pronunciamiento exigiendo frenar la “justicia por mano propia”. Ella señaló que la respuesta social no puede suplantar la labor judicial.
Mientras el sector cooperativista manifiesta su frustración por la falta de presencia policial efectiva en los socavones, el caso ha pasado a manos del Ministerio Público. Las otras 19 personas permanecen aprehendidas para investigar tanto el robo de mineral como las responsabilidades del homicidio.
