La defensa observa inconsistencias en la resolución judicial y falta de fianza, pese a la oposición de la Fiscalía y otras instancias.

La justicia dispuso la detención domiciliaria sin derecho a salida laboral para Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), tras una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del denominado caso coimas.
“El juez determinó la cesación a la detención preventiva, favoreciéndolo con detención domiciliaria que deberá cumplir en Oruro”, informó el abogado Abel Loma, al confirmar la nueva situación jurídica del exdirigente.
La decisión fue asumida pese a la oposición del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante, que objetaron la documentación presentada por la defensa para desvirtuar los riesgos procesales, como la posible fuga o la obstaculización de la investigación.
Entre las observaciones, la defensa cuestionó que el juez no haya establecido una fianza económica como parte de las medidas cautelares. Asimismo, llamó la atención que se haya presentado un supuesto registro de vacaciones de Huarachi en la Empresa Minera Huanuni, lo que consideran inconsistente tomando en cuenta que el imputado permaneció varios meses con detención preventiva.
Otro elemento que generó controversia fue la presentación de un memorial firmado por Mario Argollo, actual ejecutivo de la COB, quien —según se indicó— habría actuado a título personal y sin respaldo institucional. En ese documento se señala que Huarachi no tendría vínculo con la organización ni acceso a información desde octubre del año pasado.
De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial, Huarachi deberá cumplir con varias medidas cautelares, entre ellas el arraigo, la presentación semanal ante el Ministerio Público y la presentación de tres garantes personales. Además, se estableció un plazo de 15 días para que estas condiciones sean cumplidas.
El exdirigente sindical fue enviado en noviembre a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, luego de que la Fiscalía identificara depósitos presuntamente irregulares en sus cuentas. Actualmente es investigado por delitos como uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, en el caso de las denominadas “coimas millonarias” vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.


