El gobierno de Gustavo Petro invoca reciprocidad y asegura que no busca injerir en asuntos internos, pero reafirma su disposición al diálogo.
El gobierno de Colombia dispuso la expulsión del encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel, en respuesta a la reciente salida de su embajadora en territorio boliviano, Elizabeth García.
La medida fue comunicada por la Cancillería colombiana, que señaló que la decisión responde al principio de reciprocidad, tras la determinación adoptada previamente por el Gobierno boliviano. En ese sentido, se informó que se dio por concluidas las funciones del representante boliviano conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La tensión diplomática se originó luego de que Bolivia expulsara a la embajadora colombiana, a quien declaró “persona non grata” debido a las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política interna del país.
Según el Gobierno boliviano, los pronunciamientos de Petro —quien calificó el escenario en Bolivia como una “insurrección popular” y expresó su intención de mediar en la crisis— fueron interpretados como una injerencia en asuntos internos y una vulneración al principio de no intervención entre Estados.
Asimismo, autoridades bolivianas cuestionaron que estas posturas se difundieran públicamente, incluso a través de redes sociales, en lugar de canales diplomáticos formales, lo que consideraron una falta a las normas internacionales.
Frente a este escenario, el gobierno colombiano aclaró que no existe intención de intervenir en la política interna de Bolivia y reafirmó su compromiso con principios como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.
En su pronunciamiento, también reiteró su disposición de acompañar iniciativas orientadas al diálogo político, la paz y el fortalecimiento institucional, siempre que exista una solicitud expresa del Gobierno boliviano.
