La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) demanda a la empresa encargada de los derechos de transmisión hasta la temporada 2024. La figura legal que se ajusta a la misma radica en el uso indebido de material audiovisual que no es de propiedad de la empresa, sino de la FBF. Tigo Bolivia deberá pagar más de 15 millones a los clubes de la División Profesional.
