La acción penal busca esclarecer presuntas irregularidades en un proyecto contratado por más de 191 millones de euros. La auditoría identificó observaciones en 11 de los 13 radares y un posible daño económico de 1.478 millones de bolivianos.
El Ministerio de Defensa presentó este jueves una querella penal contra cuatro exministros y otras 15 personas por presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), un proyecto contratado en 2016 por más de 191 millones de euros.
La acción penal busca que la Fiscalía investigue las decisiones y actuaciones relacionadas con la ejecución del sistema y determine las responsabilidades que correspondan. Entre los exministros comprendidos en la querella figuran Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La acción también alcanza a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El procurador general del Estado, Hugo César León, informó que los presuntos delitos identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El posible daño económico, estimado inicialmente por la Unidad de Auditoría Interna, asciende a 1.478 millones de bolivianos.
El proyecto fue contratado bajo la modalidad de llave en mano, que contemplaba la provisión e implementación de un sistema integral con radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el Estado no contrató radares por separado, sino un sistema completo que debía entregarse integrado, funcional y en operación.
Siete modificaciones y observaciones en 11 radares
Los antecedentes de la auditoría interna señalan que el contrato tuvo siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. La entrega y demostración final se reportaron aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
Los informes técnicos identificaron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema. Nueve estaban operativos, aunque con observaciones, y dos no funcionaban. Los otros dos operaban sin observaciones.
Pese a estas condiciones, el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97.85%.
La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico de 1.478 millones de bolivianos. Sin embargo, el alcance definitivo de ese monto, la metodología empleada para calcularlo y su relación con las decisiones adoptadas deberán ser examinados por las instancias competentes.
Los exministros y las modificaciones del contrato
Según los antecedentes presentados, los cuatro exministros están vinculados a la suscripción del contrato original o de sus modificaciones durante sus respectivas gestiones.
Reymi Ferreira Justiniano firmó el contrato original y los contratos modificatorios primero y segundo; Javier Zavaleta López suscribió el tercero y el cuarto; Luis Fernando López Julio, el quinto; y Edmundo Novillo Aguilar, el sexto y el séptimo.
La inclusión de estas personas en la querella no implica una declaración de culpabilidad. El documento presentado ante la Fiscalía señala que la acción busca examinar las actuaciones, decisiones y eventuales responsabilidades individuales, y no atribuir responsabilidad únicamente por los cargos que ocuparon.
Defensa anuncia coordinación con otras instancias
El Ministerio de Defensa anunció que coordinará acciones con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para respaldar la investigación, contribuir al esclarecimiento de los hechos y proteger los recursos públicos.
La cartera de Estado sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar los antecedentes y determinar los pasos que procedan, con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa de las personas comprendidas en la querella.
El ministro Justiniano afirmó que no habrá encubrimiento ni condenas anticipadas y que la investigación debe desarrollarse con apego al debido proceso.
Será el Ministerio Público el que determine el curso de la investigación y, posteriormente, la justicia establecerá las responsabilidades penales que correspondan, conforme a ley.
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