Nueve personas de diferentes nacionalidades, entre chinos, peruanos y bolivianos, fueron imputados por presuntamente estar implicados en la captación de estudiantes para trabajar en un Call Center de Santa Cruz donde realizaban llamadas internacionales y hacían cobros bajo amenazas.
Los delitos que se les acusa son de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z. de nacionalidad China, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V., todos aguardan su audiencia de medidas cautelares en celdas policiales.
“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del Call Center, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
Según la relación de los hechos, el 29 de mayo de 2024, luego de una denuncia anónima, se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el Call Center que se encontraba en un edificio en inmediaciones del segundo anillo Av. San Martín, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas.
En el lugar se encontró a más de 100 personas organizadas en bloques denominados estaciones de trabajo desde donde realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto, cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.