El presidente de la Asamblea, Alan Barca, con su vicepresidente, Walter Aguilera, pidió a la población estar atentos, alertas, por la democracia.

Redacción Central

El Periódico-Junio-27-2024.- Como casi todas las autoridades del departamento, el gobernador Oscar Montes Barzón, repudió el intento de golpe de estado, protagonizado por el General, Juan José Zuñiga, junto a varios militares con apoyo de tanquetas en La Paz.

Ante el ingreso de fuerzas militares a la plaza “Murillo”, queremos expresar nuestro enérgico repudio a toda forma de violencia, y condenamos cualquier intento de daño a nuestro sistema democrático y sus instituciones, afirmó Montes.

El gobernador exigió a las Fuerzas Armadas respeto y obediencia a la Constitución Política del Estado y convocó al pueblo de Bolivia a actuar con calma, y cualquier problema en el país, se resuelva dentro el esquema democrático.

El gobierno departamental condenó la acción violenta de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y les exige el respeto al orden constitucional. La autoridad dijo que intentos como el observado es sedición y está condenado por la Constitución.

“Eso es antidemocrático, por lo tanto el General Zúñiga con sus declaraciones y actos violentó el sistema democrático, las leyes y la Constitución”, reiteró al añadir que el MAS es un partido como cualquier otro con sus propias dificultades.

Sin embargo, el que no resuelvan de manera democrática esas dificultades, no da justificación alguna para actuar de manera violenta, por encima de las leyes, rompiendo la institucionalidad democrática y violando la Constitución.

Montes añadió que el pueblo boliviano tiene experiencia en este tipo de situaciones, soportó los peores momentos de las dictaduras militares, cuando América Latina estaba comandada por regímenes militares y los bolivianos han sabido resistir.

Hay observaciones de fondo y de forma en la inhabilitación de comunidades, las primeras se relacionan con malas inversiones y será difícil su solución, admitió la sub gobernadora de la provincia Cercado, Lidia Meza

El Periódico-Julio-01-2024.- La subgobernadora de la provincia Cercado, Lidia Meza Condori, espera habilitar a siete unas comunidades campesinas este año para recibir el Prosol, luego de que estuvieron inhabilitadas hace varios años.

La autoridad recordó que la provincia Cercado tiene un total de 78 comunidades campesinas, de ellas solamente 38 estaban habilitadas para recibir el Prosol, continúan trabajando para habilitar a las que se puede, luego de que fueron inhabilitadas en anterior gestión.

Nosotros por el contrario como gobernación hemos tratado de sanear, hay comunidades con observaciones de fondo y de forma, las de fondo son aquellas que efectuaron malas inversiones, las de forma, la falta de una firma, algún documento, un recibo, explicó.

La subgobernadora aseguró que se ayudaron a habilitar a más comunidades, ahora esperan aumentar unas siete a ocho comunidades más, con las que se pasará las 40 comunidades habilitadas para recibir el Prosol 2024, de 2.250 bolivianos anual por familia campesina.
La funcionaria reconoció que las comunidades que efectuaron mala inversión, no pueden habilitarse, tienen que seguir el proceso como corresponde, como auditorías, “la ley dirá después qué corresponde sobre las responsabilidades si corresponde”.

Este año esperan llegar a un total de 44 a 45 comunidades habilitadas en Cercado para beneficiarse con el Prosol, de acuerdo a Meza, al recordar que uno de los proyectos parados es la instalación de una fábrica de malla antigranizo.

Se descartó que la constructora concluya la obra, el gobierno puede contratar otra empresa por invitación directa, para ganar tiempo, hizo saber la asambleísta Carmen Rosa Valencia.

Redacción Central

El Periódico-Junio-29-2024.- La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del gobierno y la empresa Construmat, acabaron la conciliación de cuentas que facilitará la conclusión del hospital Oncológico que permanece a medias desde el año 2018.

La información es de la Asambleísta departamental Carmen Rosa Valencia Vasco, al añadir que esta empresa no tendrá a su cargo la conclusión de la edificación, tras los acuerdos logrados con la UPRE sobre saldos y cuentas pendientes que tenían.

La conciliación de cuentas es lo más difícil que se ha hecho, acotó al indicar que en este trabajo está la secretaría de obras Públicas de la gobernación, desde hace tiempo y que era el impedimento para el reinicio de obras en el hospital en construcción.

La legisladora recordó que a la constructora se le debía casi 8 millones de bolivianos, por lo cual la conciliación tuvo serias dificultades, más si de por medio había un proceso legal iniciado precisamente por la empresa Construmat.

La asambleísta considera que la UPRE no tendrá mayor complicación en contratar otra empresa constructora, ya que puede hacerlo por invitación directa, sin necesidad de un proceso de licitación que llevaría varias semanas.

No será necesario pasar por todo ese proceso de contratación, de elaborar el DBC (Documento Base de Contratación) la boleta de garantía, “todos esos pasos lo obvia la UPRE, tiene carta blanca para hacer una contratación”.

Se espera que el Director nacional de la UPRE llegue a Tarija el mes de julio para hacer anuncios que la población está esperando. La vicepresidente de Fejuve, María Isabel Torrez, declaró que la primera quincena de julio, se reiniciaría la construcción.

El Dr. Erick Guzmán, desde las oficinas de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) , ha emitido una advertencia a la población sobre el aumento de casos de estafa a través de redes sociales. Según Guzmán, las víctimas están siendo engañadas principalmente por medio de plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram, donde los estafadores publican videos engañosos que, al ser vistos, permiten el hackeo de las cuentas de los usuarios.

«Quiero llamar a concientizar a la sociedad en general por el tema de la multiplicidad de casos que se están dando, no solo a nivel nacional, sino también departamental,» declaró Guzmán. Estos engaños consisten en ofrecer pequeñas sumas de dinero, entre 10 a 15 bolivianos, por ver videos, pero el verdadero objetivo de los estafadores es obtener acceso a las cuentas de las víctimas. Una vez hackeadas, estas cuentas se utilizan para estafar a otros usuarios, perpetuando el ciclo delictivo.

El abogado informó que ha recibido numerosos casos de clientes cuyas cuentas bancarias han sido comprometidas de esta manera. «Lamentablemente, estas personas han facilitado su cuenta bancaria y han sido hackeadas por estos estafadores. Ahora debemos constituirnos en diferentes lugares de Bolivia como Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, porque con esa misma cuenta han estafado a otras personas,» explicó Guzmán.

Para enfrentar estos delitos, Guzmán recomienda que las víctimas formalicen sus denuncias directamente en la policía o en el Ministerio Público y que busquen el apoyo de abogados con experiencia en delitos informáticos.

El comandante de la Policía de Tarija, José Illanes, brindó detalles sobre un incidente ocurrido en el barrio San Gerónimo, donde se reportó una presunta situación de abuso sexual. Según Illanes, aproximadamente a las 22:20 horas, el Centro Automático de Despacho Integral recibió una llamada telefónica de vecinos que alertaban sobre una persona aparentemente herida en las viviendas militares del área.

«De inmediato, se movilizó personal de rescate y bomberos al lugar. Al llegar, encontraron a una mujer semidesnuda, a quien lograron socorrer y trasladar al hospital de Tarija para recibir atención médica», informó Illanes.

Posteriormente, la señora Carmen Rosa M. presentó una denuncia contra el sargento Jorge Luis F. M., acusándolo de abuso sexual. Ante esta acusación, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladó al lugar y procedió con la aprehensión del militar implicado.

«En este momento, el efectivo militar se encuentra bajo arresto a la espera de su audiencia de medidas cautelares», dijo Illanes. «El caso sigue en proceso de investigación y es importante destacar que la víctima no es menor de edad, tiene aproximadamente entre 20 y 22 años».

El comandante de la Policía de Tarija enfatizó la importancia de investigar a fondo este tipo de casos y garantizar que se haga justicia. «La Policía está comprometida en esclarecer los hechos y brindar el apoyo necesario a la víctima», concluyó Illanes.

El sábalo del río Pilcomayo sobrepasa el límite permitido, reveló el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) de la ciudad de La Paz

Técnicos de la Gobernación de Tarija tomaron muestras de sábalo en cinco puntos del río Pilcomayo, entre el 13 y 21 de julio pasado, que después se enviaron al Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) de la ciudad de La Paz, que detectó la presencia de metales pesados como mercurio y plomo. 

Según informe de INSO, el mercurio está en 0.71 en el puente colgante cerca de Rancho Viejo; 0.81 en la zona El Pibe; 0.58 en Peña Colorada; 0.55 a la altura del puente Capitán Ustarez y 0.75 en puente ferroviario.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Nils Casson, dijo que el límite permisible es de 0.5 mg/kg, de acuerdo al Codex Alimentario que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de plomo, el INSO reveló que es muy alto en las muestras tomadas en el puente colgante (0.30); en la zona El Pibe es de 0.25; en Peña Colorada, 0.29; la muestra 4 es de 0.27 y la muestra 5 es de 0.29.

Los valores de este metal en la carne de esa especie piscícola sobrepasan los 0.2 mg/kg que es límite permitido.

Casson recomendó que por estos altos niveles de mercurio y plomo la carne de este pescado no puede ser consumida por la población de riesgo, como mujeres embarazadas y niños.

Frente a esta realidad, las autoridades del Sedes y de la Secretaría de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación tarijeña notificaron a las entidades subnacionales de Villa Montes y Yacuiba con el reciente informe de laboratorio.

«A partir de ahora se realizará una vigilancia continúa en poblaciones ribereñas que corresponden a territorio boliviano», afirmó Casson.

El secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Efraín Rivera, expresó su preocupación por la contaminación minera que afecta al sábalo y al río Pilcomayo por minerales pesados y desechos tóxicos que son arrojados por diques de colas.

Rivera recordó que está pendiente una denuncia contra las cooperativas mineras de Agua Dulce (Potosí) a causa del colapso de un dique de colas mineras a fines de julio de 2022, que derramó más de 12 mil toneladas.

«Nos constituimos como víctimas ante la Fiscalía de Potosí, a la que se sumaron también las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, está en curso el proceso y falta voluntad política para que avance», mencionó el funcionario tras divulgarse el informe de INSO.

La Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó hoy que, en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que José D.Z.T., de 27 años de edad, es autor de los delitos de Violación a Infante, Niña, Niño o Adolescente con Agravante y Abuso Sexual cometido en contra de sus hijas de nueve, ocho y cuatro años de edad, por ello, el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo dictó 30 años de presidio a cumplir en el penal de Morros Blancos.

“En la audiencia, presentamos todas las pruebas colectadas durante la etapa preparatoria como el informe sociológico de las víctimas quienes reconocieron plenamente a su agresor, los informes médicos de las niñas que demuestra la existencia del hecho, el acta de declaración de la madre de las menores, entre otros elementos, además que el sujeto reconoció haber cometido el delitos y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que, en las últimas horas se obtuvo la sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de presidio”, sostuvo Gutiérrez.

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Diego Coro, explicó que el hecho se descubrió en Bermejo el 30 de julio de 2023, cuando la madre de las menores fue a recogerlas de la casa del sindicado, pero cuando llegó encontró a su hija de nueve años semi inconsciente, ante este hecho llevó a sus hijas a un centro de salud donde las valoraron y detectaron signos de agresión sexual, por ello, llamaron a la Policía y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para comunicar el hecho.

Durante las entrevistas psicológicas, las menores de nueve y ocho años informaron que su padre las dopaba para después violarlas, este hecho ocurrió en reiteradas ocasiones desde hace años atrás y decidieron guardar silencio debido a que el sujeto las amenazaba con matarlas a ellas y a su madre. Asimismo, se determinó que el sindicado realizaba toques impúdicos a su hija de cuatro años de edad, por ello, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión para el sujeto quien, al verse descubierto, intentó huir a Potosí, pero fue aprehendido en la ciudad de Tarija.

Campero dijo que están haciendo la denuncia a raíz de los ataques dentro de las instalaciones aeroportuarias contra el expresidente Carlos Mesa en una anterior oportunidad cuando llegó a la capital tarijeña.

Con un audio de por medio, la diputada de CC, Luciana Campero, denunció presiones por parte de la jefa regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Lady Dayana Maldonado, para que los bomberos del aeropuerto «Oriel Lea Plaza» asistan a un congreso del MAS.

Además, la funcionaria amenazó con la remoción del jefe de Bomberos por desobediencia política.

«No está colaborando, necesitaba que esos jóvenes (bomberos) estén libres para el congreso, aquí necesitamos gente que colabore a nivel político. Si usted no colabora aquí en conjunto más las organizaciones vamos a pedir su cambio», advierte Maldonado en el audio que llegó al poder de la diputada Campero.

Después el jefe de bomberos respondió que no hay problema y que él se debe al jefe del aeropuerto «Oriel Lea Plaza».

Campero dijo que están haciendo la denuncia a raíz de los ataques dentro de las instalaciones aeroportuarias contra el expresidente Carlos Mesa en una anterior oportunidad cuando llegó a la capital tarijeña.

«No puede ser que la jefa regional de la DGAC en vez de resguardar la seguridad de los pasajeros y todas las personas que trabajan o los que concurren sean vulneradas ante la prioridad de la señora Dayana de hacer política», lamentó la diputada.

Añadió que, de manera formal, presentará la denuncia ante la Fiscalía para que inicie una investigación y al Ministerio de Trabajo por obligar a los trabajadores, especialmente al cuerpo de bomberos, para asistir a congresos políticos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El Sedeges busca firmar un convenio con la Fundación Alalay en busca de una solución

El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) trabaja en una propuesta de convenio que buscan firmar con la Fundación Alalay de la ciudad de La Paz con el objetivo de trabajar en el monitoreo y seguimiento de casos de jóvenes y niños en situación de calle, que a la fecha suman más de 55 en todo el departamento de Tarija.

María Esther Valencia, directora de Sedeges, informó que durante un censo a nivel departamental, se ha detectado la lamentable realidad de alrededor de 55 menores viviendo en situación de calle. Sin embargo, la cantidad de niños en riesgo social es mucho mayor, aunque no se haya realizado un censo específico para ellos.

Se considera en riesgo social a aquellos menores que pasan más de 12 a 15 horas en las calles, y estos niños están a un paso de convertirse en personas en situación de calle, explicó Valencia.

Analizando los datos, se ha identificado que los municipios con mayor número de niños en situación de calle, en relación a su población, son Bermejo con 6 casos, Tarija con 16 y Yacuiba con 9. Ante esta realidad preocupante, el convenio propuesto con la Fundación Alalay busca monitorear estos casos y crear estrategias para reintegrar a estos niños nuevamente a sus hogares, evitando que esta situación siga creciendo.

El convenio prevé ser firmado en el mes de agosto, con la intención de frenar esta problemática y asegurarse de que ningún adolescente ni niño viva en las calles de Tarija.

Además, están analizando implementar beneficios en favor de las familias que acompañan a los menores para que encuentren un camino de reintegración y cesen la situación de calle.

Entre los problemas que desencadenan esta situación está la violencia en el seno familiar y el desinterés de las familias por sus hijos. En muchos casos, los niños buscan en la calle un refugio frente a la violencia que experimentan en sus hogares, encontrando en desconocidos una falsa sensación de protección.

“Nosotros como medio Gobierno Autónomo departamental tenemos que brindar las garantías para que esto se frene y además podamos controlar este censo para que no crezca, con la ayuda de Alalay esperemos que esto se concrete en el corto plazo”, expresó Valencia.

Autoridades de Bermejo solicitan refuerzo policial y revisión del proyecto de cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad en la frontera

El subgobernador de Bermejo, Franz Gutiérrez, ha expresado su preocupación por el creciente incremento de la inseguridad en la ciudad, especialmente debido a su ubicación fronteriza y la conexión con la República de Argentina a través del río. En este contexto, se ha solicitado un aumento en el número de efectivos policiales para fortalecer la seguridad en la zona.

Actualmente, Bermejo cuenta con 80 oficiales de la Policía, pero el subgobernador aspira a que este número se duplique o incluso se triplique. Además, se ha manifestado que los arrestos domiciliarios constituyen un perjuicio, porque se destinan a 2 o 3 efectivos policiales para un solo privado de libertad.

Respecto al proyecto de Cámaras de Vigilancia, Gutiérrez ha destacado que existe una discrepancia entre lo que se estableció en el Documento Base de Contratación (DBC) y la realidad del proyecto. El costo del proyecto supera los 20 millones y se había previsto la instalación de 300 cámaras, pero al momento de revisar la situación, solo 104 cámaras se encontraban operando.

Ante la situación, se ha realizado el mantenimiento de 120 cámaras, las cuales fueron instaladas en lugares estratégicos de Bermejo. Por otro lado, lamentó que el centro de monitoreo no está funcionando adecuadamente, lo que limita su eficacia para prevenir y atender situaciones de inseguridad en tiempo real.

Desde el Comando de Frontera Policial de Bermejo también se ha informado que muchas de las cámaras de vigilancia, adquiridas hace más de siete años, no están funcionando debido a la falta de pago de la energía eléctrica y su estado de descomposición.

Ante esta situación, las autoridades locales enfatizan la necesidad de revisar a fondo el proyecto de Cámaras de Vigilancia, identificar responsabilidades y buscar soluciones que permitan mejorar la seguridad ciudadana en esta región fronteriza del departamento.