El caso se inició en 2018, en Oruro, gracias a la denuncia de una vecina. Ahora, cuatro años después, se logró una sentencia. La servidora policial se vistió de civil, se insertó en el lugar clandestino y desbarató el delito.

 

 

Después de cuatro años de proceso contra la dueña y organizadora de un local de peleas de gallos en Oruro, finalmente se consigue una victoria y se logra sentar un precedente en contra de esta actividad ilícita que promueve la violencia y maltrato en contra de estos animales.

Esta histórica causa inició tras la denuncia telefónica de una ciudadana a oficinas de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma). Ella indicó que en la zona de Iroco, Oruro, sucedía este tipo de hechos irregulares, en los que los animales son los perjudicados.

VESTIDA DE CIVIL

Según las informaciones que figuran en el expediente, ante el llamado, la funcionaria de turno, la sargento Boyán, el 19 de agosto pasado se constituyó en el lugar vestida de civil para buscar la casa que funcionaba como local para el ilícito.

A las 14:00, aproximadamente, una persona se acercó a la funcionaria y al no darse cuenta de que era personal policial le indicó dónde era la casa de peleas de gallos, por lo cual la sargento se identificó y consiguió sorprender una función (las aves estaban en plena riña) con personas que se encontraban como espectadores acomodados en graderías alrededor de un círculo de pelea.

 

Uno de los gallos encontrados en el lugar. FACEBOOK

11 GALLOS MALTRATADOS

De acuerdo con datos brindados por el Comando Departamental de Oruro, se evidenció la tenencia de 11 gallos encerrados en jaulas y con visibles heridas abiertas producto del maltrato. Inmediatamente, se consiguió la aprehensión de ocho personas que se situaban en el lugar y que intentaron escapar trepando las paredes, además de la dueña y organizadora de las peleas, Mariel Santos Machaca, de 32 años.

La principal acusada del crimen se declaró culpable y se sometió a un juicio abreviado. Ha sido recientemente condenada a seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario de «La Merced», por el delito de Tratos Crueles, tipificado en el artículo 350 del Código Penal.