La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada este martes a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida tras ser hallada culpable por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, según informó ABC.
Cristina Fernández./ EFE
El dictamen tuvo lugar en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fernández fue acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación mencionada.
Este lunes, Fernández compartió en redes sociales extractos de la entrevista publicada el domingo por el diario brasileño Folha de Sao Paulo, en la que reconoció que las portadas del 7 de diciembre dirán «Cristina condenada» y repitió que la sentencia «estaba escrita», como dijo el 2 de diciembre de 2019 cuando se le tomó declaración.
En aquel momento, a días de asumir como vicepresidenta, cuando fue citada a declarar pero no respondió preguntas, Fernández había acusado a los jueces de ser «un tribunal del ‘lawfare’ (guerra judicial)» además de tener «la condena escrita».
Agregó, entonces, que a ella la «absolvió la historia» y, en cambio, a los jueces «seguramente les va a condenar la historia».
La condena contra la Vicepresidenta de Argentina se da en medio del escándalo desatado por la difusión de unos chats publicados por la prensa, que consisten en mensajes entre jueces, políticos opositores y empresarios de medios que elevaron aún más la tensión previa. En el chat publicado este domingo por medios locales, los participantes debaten cómo difundir una versión falsa con la que contrarrestar la denuncia por dádivas vinculada a un viaje pagado que realizaron a la Patagonia el pasado octubre.
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que solicitará a la Justicia que se investiguen penalmente los hechos relacionados con el viaje y su financiación, y que el Consejo de la Magistratura abra un sumario a los jueces implicados.