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Unos 700 mil vehículos “chutos” en Bolivia se proveen de carburantes de forma ilegal

Unos 700 mil vehículos “chutos” en Bolivia se proveen de carburantes con precios subvencionados, de manera ilegal, se desconoce si otorgados por el estado o por los privados.

La información fue revelada por el Diputado Nacional, José Luis Porcel Marquina, al remarcar que es una cifra inmensamente grande de vehículos informales que están circulando en el país, sin que se sepa quién les provee combustible.

“Quién les provee, será el estado los privados, pero sin combustible esos motorizados no pueden circular, pero están circulando”, sostuvo al recordar que los propietarios hacen tiempo piden la legalización, incluso pagando un determinado monto.

Tienen propuestas de circulación como el no ingresar a las ciudades, para no generar más problemas de tráfico en las ciudades, sin embargo, seguirá insistiendo o probablemente logren el apoyo de algún político en tiempo electoral, “por última vez”.

Consultado si acceden a los carburantes sin B-SISA, que es el sistema de Autoidentificación para la venta de carburantes, el legislador respondió que en Bolivia solo hay dos proveedores, o privados o el Estado, uno o los dos están proveyéndoles.

“Cómo, no sé”, se respondió a sí mismo al admitir que esa provisión es totalmente ilegal, aunque reconoció que este factor no es el que esté incidiendo para la escasez de carburantes en el país, como volvió a darse en los últimos días.

Arbitraje dispone que Bolivia pague 253 millones de dólares a Glencore por nacionalización minera

El procurador del Estado, César Siles, en conferencia de prensa pasada./ TOMADA DE ABI

Un laudo arbitral determinó que el Estado boliviano cancele la suma de 253 millones de dólares a la empresa multinacional Glencore, por la nacionalización de complejos mineros realizados durante el Gobierno de Evo Morales.

El Procurador del Estado, César Siles, informó que este viernes se ha notificado la decisión arbitral, después del proceso dentro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

El monto otorgado a Glencore es de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, función de antimonio y reserva de estaño, precisó Siles.

El proceso comenzó en 2017, a demanda de la multinacional por las nacionalizaciones que se decidieron entre 2007 y 2012.

El Procurador señaló que la multinacional demandó en un inicio 675 millones de dólares, monto que actualizado era de 778 millones de dólares.

Enfatizó que el monto otorgado en el laudo implica una reducción considerable, respecto a lo que pedía Glencore.

No obstante, el Procurador anunció que se analizará la posibilidad de demandar la anulación del laudo y que se suspenda su ejecución.

También se analizarán las actuaciones de los equipos nacional e internacional en este y otros arbitrajes, además del rediseño de la estrategia legal, agregó.

Sudamérica alcanzará récord de exportaciones de soya el próximo año; experta plantea uso de la biotecnología

Los países de Sudamérica, incluida Bolivia, están a punto de llegar a su máximo rendimiento en la producción de soya, lo que anticipa que en 2024 la región tendrá récord de exportaciones. Fue el análisis que presentó este martes Marcela Marini, especialista en inteligencia de mercado con foco en análisis de los mercados de soya durante el V Congreso Internacional de este grano que se realiza en Santa Cruz.

“Lo que vemos es que para 2024, Sudamérica tendrá una producción récord de soya. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y también Bolivia producirán volúmenes récord. Y con esto tendremos también exportaciones récord de soya el próximo año”, aseveró la economista brasileña.

Marini apuntó que este escenario plantea que solo el uso de la tecnología como aliada “dará espacio para aumentar los rendimientos y mejorar el uso y la relación que tenemos con el suelo”

Explicó que mantener o aumentar en algo el rendimiento dependerá de la tecnología; del uso mucho más efectivo de insumos agrícolas como los fertilizantes, los defensivos agrícolas y los biológicos. Indica que son buenas opciones para disminuir el uso de químicos y, con esto, lograr una reducción de costos y un aumento de la productividad.

Con una extensa trayectoria en el ámbito de investigación de precios y mercados como parte de empresas dedicadas al comercio de granos, la experta afirma que hoy “estamos en un nivel de productividad muy alto en algunos países de Sudamérica”.

La experta indicó que después de haber sido durante afectada por la sequía debido al fenómeno de la Niña, América Latina (sobre todo Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil), deberá sortear el desafío de la logística.

“El tema logístico en toda la cadena de granos es muy importante, pues está ‘penalizando’ los precios de la soya. Y por ello es un asunto que se debe cuidar para los próximos años”, aconseja.

El V Congreso Internacional de la Soya reúne a líderes del sector, productores y técnicos para nutrir sus conocimientos con las disertaciones de especialistas de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Bolivia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022, las exportaciones de soya y sus derivados alcanzaron en Bolivia un total de $us 2.200 millones con un crecimiento de 62%.

Massa y Milei inauguran la campaña electoral en Argentina con un duro cruce en redes sociales

Este domingo ha comenzado oficialmente la campaña para las elecciones generales argentinas previstas para el 23 de octubre y dos de los principales candidatos, Sergio Massa y Javier Milei, han protagonizado ya un duro cruce en redes sociales.

El actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, se ha referido a la propuesta de Milei de dolarizar la economía: «Cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil».

«Las tasas destruyen los procesos industriales porque, como no sos el emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés», ha argumentado.

En respuesta, Milei ha calificado de «horrores» las palabras del candidato oficialista. «La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros», ha apuntado el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

Massa a su vez ha respondido a Milei recordándole su postura en lo que respecta a la venta de órganos. «Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio», dijo.

El ultraderechista y ultraliberal Javier Milei dio la sorpresa al ser el candidato más votado en las elecciones primarias a la Presidencia de Argentina, las PASO, celebradas el pasado 13 de agosto.

Milei logró el 30,14 por ciento del apoyo, que equivale a más de 7 millones de votos, mientras que la coalición opositora Juntos por el Cambio obtuvo el 28,27 por ciento (más de 6,5 millones de votantes) y el peronista Unión por la Patria logró el 27,19 por ciento (unos 6,3 milllones de votos).

Potosí espera recibir regalías por Bs 121 millones por explotación del megayacimiento Alcira

Conozca los planes para esta reserva minera de plata, siutada en el municipio de Tacobamba

Hay expectativa y optimismo entre los potosinos ante la posibilidad de que el megayacimiento Alcira albergue en sus entrañas unos 171 millones de onzas de plata que, por alrededor de 14 años, generarán ingresos importantes para la región y el país.

Marco Antonio Copa, asambleísta de la Comisión de Minería y Medioambiente de la Asamblea Departamental de Potosí, sostuvo que, de acuerdo con las informaciones preliminares, el departamento percibirá por regalías alrededor de Bs 121 millones.

“Hay mucha esperanza para que este proyecto se concrete. Sabemos que se trata de una enorme reserva de minerales que están en la superficie y lo más importante es que los inversores no solo van a sacar la plata para exportarla de manera bruta, sino que se la van a procesar en lingotes y dar valor agregado”, sostuvo Copa.

El asambleísta precisó que la empresa New Pacific Metals Corp, de Canadá, mediante su subsidiaria Minera Alcira, contempla la creación de una fundidora que, en principio, demandará una inversión de $us 200 millones.

La extracción será a cielo abierto; se pudo saber que en la zona, aparte de plata, hay otros minerales como plomo, zinc y cobalto, este último considerado clave para las nuevas tecnologías de comunicación que demanda el mercado internacional.

Copa también indicó que, una vez que la empresa consiga los respectivos permisos medioambientales, lo primero que hará es la contratación de mano de obra boliviana; calcula que, de manera directa, se demandará a unos 800 trabajadores.

Economía: pérdidas por paro superan $us 780 millones; impacto en agropecuarios se verá en 2023

El impacto del medida de presión también repercutirá en el mercado laboral, comercio exterior, recaudaciones tributarias y en la inflación.

Producción agropecuaria de soja en Santa Cruz.

El paro cívico de Santa Cruz, que hoy lunes cumple 31 días de protesta en demanda de la realización del Censo en 2023, supuso una pérdida de más de 780 millones de dólares a la fecha.

Se prevé que uno de los sectores más golpeado sea el agropecuario y su impacto recién será percibido con fuerza en la cosecha de verano de 2023, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“En términos de daños económicos, sabemos que uno de los sectores más golpeados va a ser el agropecuario. Lo vamos a ver en la próxima gestión, en la cosecha de verano. Fui enfático en muchas oportunidades, hace más de un mes dije que se iba a hacer una afectación al área agropecuaria porque los tiempos de siembra no son los que un Comité Cívico puede determinar por ser un simple capricho”, aseveró, al respecto, Montenegro.

Al día 14 de paro indefinido en la capital cruceña, ya se marcan pérdidas económicas por 503.7 millones de dólares.

El titular de la cartera de Economía informó que, de acuerdo con otras evaluaciones, incluso existe un estimado de pérdidas por más de mil millones de dólares. El impacto del medida de presión también repercutirá en el mercado laboral, comercio exterior, recaudaciones tributarias y en la inflación.

Consultado sobre las medidas que el Gobierno asumirá ante este impacto negativo, indicó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ya dio luz verde a una reprogramación de pagos para los afectados, como primera medida.

«Las entidades financieras deben evaluar la situación de cada prestatario para poder negociar sus términos de operación. La reprogramación tiene un alcance nacional y permite la flexibilidad, según la necesidad de los prestatarios», declaró a Bolivia TV, el director interino de la ASFI, Reynaldo Yujra Segales.

En consonancia con Segales, a las afectaciones por el paro se suma el generado por las sequías.

PRESUPUESTO

Las declaraciones de Montenegro fueron vertidas en ocasión de la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

Con el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica, profundizar el proceso de industrialización, fortalecer el aparato productivo y continuar con la distribución de bonos sociales, el presupuesto general del Estado en 2023 incrementó en 4.3% (de 304 mil millones a 317), a nivel agregado; y en 3.8% (de 235 mil millones a 243), el consolidado.

Montenegro también informó que se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86% en el Presupuesto General del Estado 2023. Además, se estima una tasa de inflación de 3.57% superior a la de 2022, cuando se reportó 3.30%.

En este reporte, el titular de la cartera de Economía ratificó que se mantendrá la política cambiaria con respecto al dólar, la cual se fija en 6.86 bolivianos.

El FMI recomienda a Bolivia eliminar el aguinaldo para funcionarios, reducir la informalidad y los subsidios

El FMI proyecta para fines este año una inflación del 4,2 por ciento interanual y se proyecta que el costo de mantener los subsidios a los combustibles, estimado en 3,7% del PIB, incrementará el déficit fiscal de 8,5%.

 

Funcionarios públicos del Ministerio de Obras participando de actos proselitistas bajo el nombre de «Guerreros azules». 

 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió la pasada jornada un informe sobre Bolivia en la que recomienda asumir una serie de medidas para reducir el déficit fiscal que hasta el 2021 llegó a un 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Aunque los precios más altos de los recursos naturales de Bolivia, las exportaciones de gas, han brindado cierto apoyo fiscal, este efecto ha sido contrarrestado por una disminución en la producción de gas natural y los gastos de subsidios adicionales necesarios para mantener precios fijos de combustible al por menor. Más de un tercio del déficit fiscal ha sido financiado por el banco central, presionando el stock de reservas internacionales de Bolivia, que se redujo de US$5.280 millones a fines de 2020 a US$4.300 millones a fines de julio de 2022”, alerta el FMI.

En entre las medidas que el país debería asumir, según el ente internacional, están restringir el incremento de funcionarios públicos, eliminar el aguinaldo de los servidores públicos, limitar la inversión en el sector público, reducir los subsidios, ampliar la base de los contribuyentes tributarios formalizando los comercios y actividades informales, fortalecer los controles aduaneros para disminuir el ingreso de productos de contrabando, aumentar los impuestos sobre la renta en hogares de mayores ingresos, aumentar iniciativas contra el lavado de dinero, entre otras.

“Se requerirá un ajuste fiscal significativo para restaurar la sostenibilidad de la deuda, eliminar el financiamiento monetario y reconstruir las reservas internacionales. Si Bolivia opta por mantener su tipo de cambio fijo, la restauración de la sostenibilidad macro requerirá reducir el déficit primario a alrededor del 1,5 por ciento del PIB a través de un plan creíble a mediano plazo”, dice el documento.

El informe también sugiere cambios a las leyes de hidrocarburos y minería que busquen fomentar la inversión extranjera privada para nuevas exploraciones de gas e impulsar la industria del litio. Además de apostar por la generación de energías renovables y destino para la inversión verde.

El FMI proyecta para fines este año una inflación del 4,2 por ciento interanual y se proyecta que el costo de mantener los subsidios a los combustibles, estimado en 3,7% del PIB, incrementará el déficit fiscal de 8,5%.

Gobierno incrementará producción agrícola e impulsará nuevos proyectos de exploración hidrocarburífera en Tarija

El Gobierno nacional prevé incrementar en 50% la producción agrícola del departamento de Tarija con la implementación de proyectos de riego en el área de influencia de la represa de San Jacinto y realizar una inversión de $us 490 millones para impulsar nuevos planes de exploración hidrocarburífera en esa región, situada al sur de Bolivia.

“Mediante el programa de riego se va a innovar el sistema de riego de la presa San Jacinto, lo que derivará en un incremento del 50 por ciento de la productividad”, aseguró la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Explicó que con ese tipo de proyectos alrededor de 5.674 hectáreas serán beneficiadas con sistemas de riego tecnificado, que garantizará e incrementará la producción de alimentos característicos de esa región.

“Es un anuncio muy importante porque quiere decir que aproximadamente la productividad agropecuaria de Tarija, de las regiones, de las comunidades se incremente en un 50 por ciento, ese es uno de los anuncios más importantes que ha hecho el Presidente (Luis Arce)”, añadió.

Por otra parte, informó que en el área hidrocarburífera de esa región, se perfila la ejecución de proyectos exploratorios con una inversión de $us 490 millones en el marco del plan de reactivación de la Upstream que lleva adelante la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Estamos hablando de que aquí está incluido un pozo que se llama Bermejo, el X-46, que actualmente busca generar y atender la seguridad energética del país, y por lo tanto va a requerir un costo de inversión muy importante”.

Arce promete una planta para procesar ajo y cebolla en Iscayachi

Se estima que al año unas 6.000 familias productoras de ajo y cebolla se ven perjudicadas por el contrabando.

El presidente Luis Arce en un acto en el municipio de El Puente


El presidente Luis Arce anunció este sábado la construcción de una planta industrializadora de cebolla y ajo en la comunidad de Iscayachi, en el municipio de El Puente, donde hizo entrega de atajados para cosecha y almacenamiento de agua.

“Hemos venido con una mentalidad industrializadora. Sabemos que no solo hay que producir la cebolla, hay que industrializarla. La hermana alcaldesa nos ha pedido una planta de ajo y cebolla y le decimos a la alcaldesa y a toda la población de El Puente que su gobierno va a cumplir, vamos a hacer una planta moderna para Iscayachi, para El Puente y para toda Tarija”, dijo el mandatario, quien arribó al departamento para cumplir una agenda en el marco del aniversario 205 de la Batalla de la Tablada.

“Somos un país con una gran capacidad productora. Nuestros hermanos y hermanas son grandes trabajadores y ahora tienen un gobierno con mentalidad industrializadora y productora”, dijo el jefe de Estado.

“Hoy son estos atajados, pero ya estamos trabajando para completar el circuito: vamos a consolidar el riego para que ustedes puedan producir dos o hasta tres veces al año”.

Los trabajadores informales plantan cara a la crisis en América Latina

En América Latina y el Caribe 140 millones de trabajadores (51 % del total de personas ocupadas) laboran en el sector informal y han sido fuertemente impactados por la covid. Pero, a menudo desde las calles, toman el pulso de la crisis y asumen nuevas tareas o emprendimientos.

La informalidad se siente en las calles.


Doris Martínez fue cocinera en un restaurante de Venezuela que cerró sus puertas; migró a Colombia, enfermó de tanto trabajar de pie ante un fogón, y regresó a su país donde, junto a su esposo e hijos, administra un concurrido quiosco de comida rápida en una carretera de los Valles del Tuy, aledaños a esta capital.

El peruano Johnny Paredes fue vigilante y empleado de un restaurante en Lima hasta que decidió trabajar por cuenta propia como vendedor ambulante de prendas de fantasía, en las mañanas, y comidas y bebidas en las tardes, en el emblemático barrio de Miraflores.

El técnico de computadoras mexicano Jorge de la Teja labora en la capital de su país  muchas más horas que en su antiguo trabajo en una empresa de servicios, pero, con el viento a favor del teletrabajo forzado por la covid-19, sus clientes e ingresos han aumentado en los dos años que lleva la pandemia.

En América Latina y el Caribe 140 millones de trabajadores (51 % del total de personas ocupadas) laboran en el sector informal y han sido fuertemente impactados por la covid. Pero, a menudo desde las calles, toman el pulso de la crisis y asumen nuevas tareas o emprendimientos para hacerse con el sustento diario de sus familias.

Desatada la pandemia en marzo de 2020, se perdieron en la región 49,6 millones de puestos de trabajo, tanto formales como informales, y de ellos 23,6 millones ocupados por mujeres, según datos del último panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en febrero.

La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región”, señaló a IPS desde la sede regional de la OIT en Lima la argentina Roxana Maurizio, especialista en economía laboral del organismo.

Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han mostrado que, de ese 51 % de trabajadores en la informalidad, hasta 37 % se ocupan en el sector informal de la economía, más de 10 % en el sector formal y 4 % dentro de los hogares.

En la práctica, «una de cada dos personas ocupadas en la región está en condiciones de informalidad», según la OIT y un tercio labora por cuenta propia, de acuerdo a la Cepal.

Los rostros de las cifras

Paredes, de 46 años, dijo a IPS desde Lima que “en casos como el mío resulta mejor, por la independencia de tener mi propio horario y encogerlo o alargarlo según como resulte la jornada, y porque en la calle gano al día entre 25 y 35 dólares, el doble de lo que me pagaban en los anteriores empleos”.

De la Teja, de 37 años, coincide y explica que en Ciudad de México mantiene a su familia “con holgura, en alimentos y demás gastos del día a día, me ingresan más de 2000 dólares al mes. Pero se hacen difíciles las cargas extras como seguros, o al pensar en viajar de vacaciones”.

Martínez, a sus 50 años, madre de dos varones y tres hembras y ya con tres nietos, aún hace trabajos en el servicio doméstico y de cuidados en las mañanas y al mediodía, y luego va a “Doris Burger”, el quiosco familiar, al que atiende junto a su esposo y dos hijos.

Allí puede ganarse “unos 30 o 35 dólares de lunes a viernes, y hasta 50 el fin de semana. Mucho más que en los trabajos que he tenido ante un fogón desde jovencita, y mejor también porque ingresa algo de plata para varios miembros de la familia”.

Distinta es la situación de Wilmer Rosales, de 39 años, un “todero” (sabe de varios oficios) en Barquisimeto, ciudad a 350 kilómetros al oeste de Caracas, para quien “aquí en el interior (del país) no se consigue casi nada qué hacer y cuando hay, la paga es muy poca, dos, tres, o cinco dólares por una jornada de trabajo, cuando mucho”.

Recuperación con menos empleo

La OIT mostró en su informe de febrero que el crecimiento económico registrado en la región en 2021, de 6,2 %, ha sido insuficiente para recuperar el mercado laboral, y la tasa regional de desocupación se ubica en 9,6 %.

De los 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones, en su inmensa mayoría correspondientes a mujeres. Y en total hay unos 28 millones de personas buscando trabajo.

Tras el inicio de la pandemia, la crisis se manifestó de manera atípica y en vez de afectar más a las ocupaciones formales hubo una pérdida mayor de empleos informales, lo que dejó a millones de personas sin ingresos.

En Argentina, México y Paraguay, por ejemplo, la reducción de los puestos informales dio cuenta de más de 75 % de la caída del empleo total durante la primera mitad de 2020. En Costa Rica y Perú este valor fue algo menor, 70 %, mientras que en Brasil y Chile fue de alrededor de 50 %.

La situación se ha revertido, y los países con datos disponibles indican que entre 60 y 80 % de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 lo fueron en condiciones de informalidad.

Entre los factores que favorecen la recuperación informal está la destrucción de empleos por la pandemia, la mayor facilidad para interrumpir una relación asalariada informal, su mayor incidencia en emprendimientos y empresas pequeñas, como el caso de Martínez, y la imposibilidad de muchos informales para hacer teletrabajo.

Para las mujeres hay importantes rezagos en esta recuperación, por su mayor presencia en sectores fuertemente afectados por la crisis y lentamente reanimados, como hotelería y restaurantes. En sectores altamente feminizados, como el trabajo en el servicio doméstico, la tasa de informalidad supera 80 %.

La informalidad tampoco es benigna con los jóvenes, que enfrentan una mayor intermitencia laboral, explicada en parte por las intensas entradas y salidas de la fuerza de trabajo; y la mayor inestabilidad laboral se asocia a su prevalencia en actividades informales, precarias, de baja calificación.

No dejar a nadie atrás, especialmente a ellas

Con ese panorama, la informalidad representa un desafío a la necesidad y propuestas en la región para producir, al paso de la pandemia y como modo de superarla, una recuperación sostenible e inclusiva, “sin dejar a nadie atrás”, como reza el mantra ya incrustado en el discurso de diversos organismos internacionales.

Maurizio apuesta claramente por la formalización del empleo. “Hoy más que nunca se requiere que la recuperación esté centrada en las personas; en particular, en la creación de más y mejores empleos, empleos formales”, expuso.

La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región. La recuperación económica y social no será posible si no se avanza de manera significativa en la reducción de su incidencia”, destacó la especialista de la OIT.

Una condición necesaria es “avanzar en un proceso de crecimiento económico con estabilidad, reconstrucción del aparato productivo y mejoras persistentes en la productividad”.

Debe haber, según la experta, “un foco particular en la transición digital y los jóvenes; fortalecimiento de las instituciones de trabajo como, por ejemplo, el salario mínimo; políticas de cuidado que permitan a las mujeres retornar y permanecer en el mercado de trabajo; y apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo, abogó por que se amplíen los seguros por desempleo, y políticas de protección social y “garantías de ingresos para la población que continúa siendo fuertemente afectada por la crisis”.

La perspectiva de género adquiere “una relevancia central en la recuperación, teniendo en cuenta que de los 4,5 millones de puestos de trabajo que faltan por recuperar, 4,2 millones corresponden a ocupaciones femeninas”.

Se requiere, entre otras medidas, “facilitar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo de la mano de una política de inversión en servicios de cuidados integral y de mayor cobertura, que a la vez sea una fuente de empleo formal. Asimismo, apuntalar la recuperación de los sectores económicos con alta presencia femenina”.

Sindicatos para nueva clase trabajadora

Desde el mundo sindical, el brasileño Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), agregó el reto de “tener un sindicato para la actual clase trabajadora, que en buena parte es precarizada, tercerizada, trabajando desde aplicaciones”.

Esa fuerza de trabajo, “sin contrato laboral y que cada vez más hace parte del sector informal, lo es en grandes proporciones, por ejemplo 70 % en Honduras y 80 % en Guatemala”, dijo el líder del conglomerado sindical con 55 millones de afiliados desde su sede en Montevideo.

La informalidad, estructural en el panorama social y laboral latinoamericano, es una pesada losa para el despegue económico y la justicia social en la región, y mientras los gobiernos formulan estrategias, definen políticas y toman medias, millones de ocupados informales abren el paraguas de la resiliencia para “resolver” su pan de cada día.

Bolivia, campeón de la informalidad y sin planes para abordarla

Bolivia es el país con mayor cantidad de trabajadores ocupados en la informalidad según el informe recurrente del Fondo Monetario Internacional y secundado por la Organización Mundial del Trabajo. Las fuentes sitúan el porcentaje de empleados en la informalidad cerca del 80 por ciento y se estima que han crecido después de la pandemia, pues las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística no discriminan entre unos y otros y los datos de las AFP no se actualizan desde 2019.

El gobierno de Luis Arce ha reconocido un problema con el empleo a pesar de haber proclamado la recuperación económica. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, con la pandemia, se alcanzaron cifras del 11 por ciento de desempleo, y en la actualidad sigue alto, cerca del 6 por ciento, aunque los expertos señalan que muchos de los trabajos destruidos eran formales mientras que los que se han creado son informales.

El incremento de la informalidad implica un mayor número de personas sin cobertura sanitaria y sin previsión de ahorro para la jubilación, lo que a la larga implica mayor responsabilidad del Estado en el cuidado de esa generación, sin embargo, estos asuntos no están sobre la mesa de negociación con la Central Obrera Boliviana, a pesar de que los empresarios ya han advertido que las cargas salariales son insostenibles.

De momento, la Central Obrera se sigue concentrando en reclamar un incremento salarial por encima del 7 por ciento, que sería el doble de la inflación reconocida, y aspira a mantener el beneficio del doble aguinaldo del que se benefician esencialmente los trabajadores públicos si se supera el 4,5% de crecimiento. Profesionales independientes, desocupados, empresarios y gremiales piden espacios de diálogo social para ver aspectos laborales e impulsar una reforma integral.